Seguramente ha oído hablar de “seguridad alimentaria”, pero ¿qué significa eso? La seguridad alimentaria implica que haya una oferta suficiente de alimentos en el mercado, sean éstos nacionales o extranjeros, a un precio accesible, de ahí que es posible tener seguridad alimentaria sin ser autosuficiente. Nuestro país, por ejemplo., cada año gasta millones de dólares importando cientos de miles de toneladas de trigo y harina de trigo, entonces, tenemos seguridad alimentaria con productos extranjeros.

Se escucha mucho, también, de la “Bolivia digna y soberana”, pero ¿qué es ser soberano? Entre muchas acepciones, ser independiente y autosuficiente. ¿Podría decirse, entonces, que Bolivia tiene “soberanía alimentaria” en trigo y harina? No, porque, si más del 50% se importa, somos dependientes del abastecimiento externo.

Para que un país goce de soberanía alimentaria, estrictamente hablando, no solo debe ser capaz de producir alimentos por sí y para sí mismo, sino que debe generar excedentes para exportarlos. Ahora… ¿Se puede perder la soberanía alimentaria? ¿Qué, si no hay seguridad alimentaria?

Cuando se pierde la autosuficiencia se debe importar para lograr la seguridad alimentaria, porque, cuando esta se pierde sobreviene la terrible crisis: no hay suficiente alimento en el mercado o sus precios están por las nubes.

En Bolivia tenemos dos buenos ejemplos de lo que es ser soberano en alimentos. En primer lugar está el azúcar, que, a partir de la actividad privada desde hace muchas décadas, no sólo logramos sustituir las grandes cantidades que importábamos, sino que al volvernos superavitarios en su producción pasamos a exportarlo, y a ser un país con amplia soberanía alimentaria en este campo. Sin embargo, “algo” pasó en 2010, cuando sobrevino una crisis alimentaria con el azúcar.

Un precio artificialmente bajo fijado por las autoridades para el mercado interno —entre 3,40 y 3,60 bolivianos por kilo de azúcar— frente a precios altísimos en derredor, alentó su salida de contrabando a países vecinos. La dura lección aprendida fue que el buen deseo del Gobierno de entonces, de impedir su venta a 5,50 bolivianos el kilo para frenar su salida ilegal por una parte, y, el prohibir su exportación a la agroindustria para obligarle a vender el azúcar a un precio subvencionado tan bajo, por otra, pensando en garantizar su oferta en el mercado interno, de nada valió, porque el Estado no pudo controlar su salida de contrabando.

El azúcar “desapareció” del mercado nacional y su precio se disparó a niveles insospechados. Bolivia tuvo que importar más de 90.000 toneladas gastando cerca de 80 millones de dólares en 2011 y el Gobierno tuvo que vender el azúcar importado a 7,50 bolivianos el kilo, algo que la población aceptó, luego de haber aprendido que no hay precio más alto por pagar que el de un producto que no está en el mercado. Sólo cuando el precio subió, bajó el contrabando y no faltó azúcar.

Un segundo caso de soberanía alimentaria en Bolivia es el de la soya pues a partir de su cultivo y procesamiento, por actores privados para obtener aceite, torta, harina, cascarilla, etc., además de sustituir la importación de grasas animales y aceites vegetales, aporta con insumos para producir carnes y lácteos. Es tal su eficiencia y suficiencia, que con el 20% de su producción basta y sobra para el mercado interno. Algo más: la exportación de soya y derivados ha generado para el país más de 20.000 millones de dólares en las últimas cuatro décadas.

Lamentablemente, como pasó con el caso del azúcar, Bolivia vive hoy una situación preocupante en cuanto al abastecimiento de aceite en el mercado interno. Habiendo sido fijado su precio en 11 bolivianos el año 2008, por las autoridades, al mantenerse en tal nivel pese al incesante incremento de costos que asume la industria aceitera, un precio tan bajo está provocando su acaparamiento, ocultamiento, especulación y contrabando a países vecinos donde cuesta tres veces o más al tipo de cambio del dólar negro en Bolivia, por lo que comprar regalado para vender carísimo, resulta un pingüe negocio.

La exportación del aceite fue suspendida (durante 10 días N. del E.) pensando que con ello el mercado interno estará abastecido, pero ¡cuando no se aprende de los errores pasados, se los vuelve a cometer! Sólo sincerando el precio del aceite —como aconteció con el azúcar— el acaparamiento, el ocultamiento, la especulación y el contrabando, desaparecerán.

Castigar al sector privado vetando la exportación y obligarlo a vender más aceite a precio subvencionado por la industria, terminará perjudicando a toda la cadena productiva, el aceite desaparecerá, no bajará su precio, mientras que los contrabandistas y especuladores, ¡felices bailando en una pata!