Dentro del caso por el intento fallido de golpe de Estdo ocurrido el 26 de junio, el excomandante del Ejército boliviano Juan José Zúñiga, principal acusado, insistió en su pedido de ser sometido a un examen toxicológico y hasta a una prueba capilar para verificar si en su organismo había presencia de alguna droga.
Según reporte de Erbol, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) rechazó el pedido en primera instancia al observar que ya no se podía hacer pruebas de sangre u orina al exmililtar, puesto que las mismas tienen plazos de 24 y 72 horas respectivamente para su realización.
No obstante, Zúñiga presentó un memorial para refutar al IDIF y mencionó que el examen capilar aún puede realizar hasta tres meses después del último consumo para verificar la presencia de droga.
En ese marco, el documento solicita a la Fiscalía realizar la pericia toxicológica capilar a Zúñiga, “a efecto de determinar la presencia de alguno de estos cinco tipos de droga: anfetaminas, cannabinoides, cocaína, metanfetaminas y opiáceos”.
Mientras los titulares e imágenes de los incendios forestales que devastan grandes extensiones del país ocupan nuestra atención, una crisis igualmente apremiante avanza en silencio en el valle alto de Cochabamba: la sequía. A pesar de su menor visibilidad mediática, la falta de agua está provocando estragos en las comunidades rurales y urbanas de la región, y sus efectos a largo plazo pueden ser tan devastadores como los incendios.
En los últimos días, Bolivia ha enfrentado una creciente desconfianza hacia el Censo de Población 2024, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La diferencia entre los 11.3 millones de habitantes reportados y los 12.3 millones proyectados ha generado escepticismo entre autoridades locales, líderes cívicos y ciudadanos. El Gobierno ha defendido el censo como el “mejor de la historia,” lo cual ha contribuido a politizar el debate.
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El efectuar críticas casi cotidianas sobre el actuar patológico de la jurisdicción constitucional del país no conduce a nada.
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En aquella tarea, en la mayor parte de los casos un tanto mecánica y dicotómica, de buscar causas y responsables del mayor ecocidio y desastre ecológico producido en Bolivia, hay muchos puntos de vista.
En mi anterior columna, había adjudicado esa ignominiosa responsabilidad al expresidente Morales, al régimen y su partido. Los datos son elocuentes. Con el discurso del “vivir bien” se convirtieron en los más perversos depredadores de la Madre Tierra.
En aquella tarea, en la mayor parte de los casos un tanto mecánica y dicotómica, de buscar causas y responsables del mayor ecocidio y desastre ecológico producido en Bolivia, hay muchos puntos de vista.
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Escenas apocalípticas surcan incesantes y veloces por medios y redes sociales imprimiendo horror en las pupilas y en la conciencia de los usuarios, sean quienes sean. Se integran en una saga de largometrajes anuales sobre la base de la cual Bolivia ocupa el tercer lugar en el mundo en materia de incendios, luciéndose como un hueco en hundimiento sostenido. Imágenes satelitales y fotografías aéreas tiñen de rojo Bolivia en el centro del espacio de Sudamérica.
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