Hace algunos días, los bolivianos asistimos a elegir una vez más a las máximas autoridades de las cuatro instituciones del Órgano Judicial, que ejercerán sus cargos por seis años. Y lo hicimos obligados por el mandato de la Constitución, bajo amenaza de sanciones pecuniarias y ante el riesgo de vernos impedidos de ejercer derechos ciudadanos que nada tienen que ver con este proceso.
De las tres elecciones judiciales realizadas hasta ahora, quizá la peor fue la que acabamos de protagonizar: se llevó a cabo con un año de retraso, lo que viabilizó la autoprórroga inconstitucional de las anteriores autoridades; la preselección no logró consensos y estuvo plagada de serias sospechas de fraude en los exámenes orales; alcanzó únicamente al 70% de los cargos, debido a la decisión judicial de anular la elección de vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en cinco departamentos y de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia en cuatro.
Una de las contradicciones de este proceso fue que, pese a que la norma los invita a ser candidatos, prohíbe a los participantes hacer campaña, a riesgo de ser inhabilitados. Esto ha generado que todos, sin excepción, hicieran propaganda a través de las redes sociales (que no son controladas) o usaran a terceros para promocionar su imagen o denostar a los rivales. Es decir que la primera acción de las nuevas autoridades de la justicia boliviana fue identificar las debilidades de la ley para vulnerarla.
La elección judicial, junto al pluralismo jurídico, está entre las consecuencias más nefastas de haber adoptado una Constitución improvisada, ahistórica y excluyente, construida para mantener un modelo de poder sustentado en el partido único. La actual Carta Magna orienta la conformación del Órgano Judicial hacia el reemplazo de la meritocracia, la formación académica y la ética, por la sumisión al poder, la obsecuencia y la rendición del derecho a la política.
Este modelo no solo pervirtió al Órgano Judicial, convirtiéndolo en un apéndice del Ejecutivo, sino que agravó aún más la retardación, la discriminación, la corrupción y la impunidad, los males ancestrales de la justicia boliviana, conduciendo al país a un colapso total en la materia.
Una prueba de ello es nuestro lugar en el Índice Mundial del Estado de Derecho 2023, que nos ubica en el sitio 131 de 142 países calificados, el puesto más bajo desde que se inició esta medición, superado incluso por naciones como Nicaragua o Haití. Las peores notas de Bolivia corresponden a justicia penal, justicia civil, corrupción y respeto a los derechos fundamentales.
En los hechos, las elecciones de jueces por voto popular, sólo han formalizado el control político, ya que los ganadores de los anteriores comicios fueron designados por cuoteo previo y oculto, legalizados por comisiones parlamentarias de mayoría oficialista, y legitimadas por una mínima votación ciudadana (el actual presidente del Tribunal Constitucional fue elegido por 29.000 votos de un total de 6,4 millones de electores), es decir que en realidad la elección popular resultaba siendo un engaño.
Este experimento electoral tuvo un costo muy alto. En términos económicos, los procesos de 2011, 2017 y 2024 significaron la erogación directa de casi 600 millones de bolivianos; sin embargo, el costo mayor fue político. En los últimos años, el TCP emitió fallos cuestionables que alteraron la institucionalidad democrática, como la autorización de la postulación indefinida, la sucesión constitucional, la ampliación de mandatos más allá de lo que permite la Constitución, entre otros.
La evidente parcialidad política de las autoridades y la falta de transparencia de los operadores de justicia se manifestaron en un derrumbe total de la confianza pública que, según una encuesta de octubre pasado, alcanza al 92% de personas que desaprueban al sistema judicial boliviano.
Incluso a nivel internacional hay una mirada muy crítica sobre el tema. En abril de 2023, la Comisión Interamericana de DDHH tras su visita oficial a Bolivia señaló que “La falta de acceso a la justicia en Bolivia está provocada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la ausencia de independencia judicial”.
Luego de la experiencia del último domingo es ya evidente que el modelo de elección de jueces por voto directo ha fracasado en Bolivia, no solo porque facilitó la pérdida de independencia del Órgano Judicial, sino porque también impidió la reforma estructural de la justicia y creó un suprapoder ilegítimo y desprovisto de control y fiscalización.
La recuperación del poder judicial, así como el retorno al modelo de designación de las máximas autoridades por mérito, debe ser una prioridad en la agenda nacional. Un sistema judicial confiable e independiente garantiza que la democracia funcione en la práctica porque sin justicia, no hay libertad ni igualdad verdadera.
En las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, la generación que hoy bordea los 70 u 80 años de edad se identificaba casi en su totalidad con las ideas de la izquierda marxista. El marxismo, en aquel entonces, era lo que el ambientalismo es hoy: parte del espíritu de la época. Ser de izquierda era sinónimo de inteligencia, honestidad, principios rígidos y una vocación incuestionable en defensa de la vida humana en un escenario de igualdad en todos los ámbitos de la existencia.
En las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, la generación que hoy bordea los 70 u 80 años de edad se identificaba casi en su totalidad con las ideas de la izquierda marxista. El marxismo, en aquel entonces, era lo que el ambientalismo es hoy: parte del espíritu de la época. Ser de izquierda era sinónimo de inteligencia, honestidad, principios rígidos y una vocación incuestionable en defensa de la vida humana en un escenario de igualdad en todos los ámbitos de la existencia.
1. La Constitución de 1967 y otras anteriores no limitaban el número de veces que podía ser reelecto un presidente, pero prohibían la reelección continua. Dicho de otra manera, permitían la reelección indefinida discontinua. La CPE de 1967 en su art. 87 establecía: “El período del presidente y vicepresidente Constitucional de la República será de cuatro años improrrogables. Ninguno de ellos podrá ser reelegido sino pasados cuatro años de la terminación de su mandato constitucional.”
1. La Constitución de 1967 y otras anteriores no limitaban el número de veces que podía ser reelecto un presidente, pero prohibían la reelección continua. Dicho de otra manera, permitían la reelección indefinida discontinua. La CPE de 1967 en su art. 87 establecía: “El período del presidente y vicepresidente Constitucional de la República será de cuatro años improrrogables. Ninguno de ellos podrá ser reelegido sino pasados cuatro años de la terminación de su mandato constitucional.”
JAVIER VISCARRA VALDIVIA
El veloz pronunciamiento del gobierno del presidente Luis Arce Catacora, tras el resultado de las elecciones en ese país, felicitando a Nicolás Maduro, por su “victoria” en las urnas de un viciado proceso electoral, deja un sabor amargo. Bolivia fue el único país en América del Sur que reconoció el informe oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), ignorando toda la cadena de irregularidades que han observado en esos comicios.
El veloz pronunciamiento del gobierno del presidente Luis Arce Catacora, tras el resultado de las elecciones en ese país, felicitando a Nicolás Maduro, por su “victoria” en las urnas de un viciado proceso electoral, deja un sabor amargo. Bolivia fue el único país en América del Sur que reconoció el informe oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), ignorando toda la cadena de irregularidades que han observado en esos comicios.
La historiadora Sayuri Loza menciona a Carlos Sempat Assadourian y José Luis Roca como dos de los autores que admiten que Bolivia no habría existido sin la plata del Cerro Rico de Potosí. “Antes de la República, antes de ser Bolivia, ya había un sentido de identidad que se agrupaba en torno a Potosí. La Real Audiencia de Charcas fue creada a partir de Potosí. La Paz fue fundada para vincular Potosí con Lima y se puede dar muchos ejemplos al respecto”, dice.
La historiadora Sayuri Loza menciona a Carlos Sempat Assadourian y José Luis Roca como dos de los autores que admiten que Bolivia no habría existido sin la plata del Cerro Rico de Potosí. “Antes de la República, antes de ser Bolivia, ya había un sentido de identidad que se agrupaba en torno a Potosí. La Real Audiencia de Charcas fue creada a partir de Potosí. La Paz fue fundada para vincular Potosí con Lima y se puede dar muchos ejemplos al respecto”, dice.
EDWIN CACHO HERRERA SALINAS
Propios y extraños coinciden en que el presidente Luis Arce tiene entre sus carencias evidentes la falta de liderazgo político y de tenacidad institucional para enfrentar los grandes problemas y desafíos emergentes de su condición como jefe de Estado. Pero, la propuesta lanzada este 6 de agosto de convocar a un referéndum sobre temas que son de su competencia y responsabilidad dejó a muchos con la sensación de que la pusilanimidad presidencial alcanzó un nivel superior.
Propios y extraños coinciden en que el presidente Luis Arce tiene entre sus carencias evidentes la falta de liderazgo político y de tenacidad institucional para enfrentar los grandes problemas y desafíos emergentes de su condición como jefe de Estado. Pero, la propuesta lanzada este 6 de agosto de convocar a un referéndum sobre temas que son de su competencia y responsabilidad dejó a muchos con la sensación de que la pusilanimidad presidencial alcanzó un nivel superior.
Han pasado 199 años desde aquel 6 de agosto de 1825, cuando 7 representantes de la provincia de Charcas, 14 de Potosí, 12 de La Paz, 13 de Cochabamba y dos de Santa Cruz, reunidos en la Asamblea Deliberante de Villa de La Plata (hoy Sucre), suscribieron el Acta de la Independencia, que esencialmente determinaba que “Los departamentos del Alto Perú (…) protestan a la faz de la tierra entera, que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades q
Han pasado 199 años desde aquel 6 de agosto de 1825, cuando 7 representantes de la provincia de Charcas, 14 de Potosí, 12 de La Paz, 13 de Cochabamba y dos de Santa Cruz, reunidos en la Asamblea Deliberante de Villa de La Plata (hoy Sucre), suscribieron el Acta de la Independencia, que esencialmente determinaba que “Los departamentos del Alto Perú (…) protestan a la faz de la tierra entera, que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades q
EMILIO MARTÍNEZ CARDONA
El caso de Venezuela, donde Nicolás Maduro ha echado mano de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) completamente alineado con su partido, con la intención de blindar el fraude realizado por otro órgano en los comicios o de justificar una nueva votación, debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de contar con nuevos magistrados en los principales tribunales de Bolivia, de cara al proceso electoral del 2025.
El caso de Venezuela, donde Nicolás Maduro ha echado mano de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) completamente alineado con su partido, con la intención de blindar el fraude realizado por otro órgano en los comicios o de justificar una nueva votación, debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de contar con nuevos magistrados en los principales tribunales de Bolivia, de cara al proceso electoral del 2025.
MARÍA FLORENCIA MELO
En un comunicado de prensa publicado con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (del 1 al 7 de agosto), la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa: “En los últimos 12 años, el número de lactantes menores de seis meses alimentados exclusivamente con leche materna ha aumentado más de un 10% en todo el mundo”.
En un comunicado de prensa publicado con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (del 1 al 7 de agosto), la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa: “En los últimos 12 años, el número de lactantes menores de seis meses alimentados exclusivamente con leche materna ha aumentado más de un 10% en todo el mundo”.
Amotinamiento militar fallido o ridículo autogolpe, el episodio protagonizado por el enajenado general Zúñiga nos devolvió a la memoria la patética figura del dictador boliviano.
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Bolivia produce solo una fracción de los combustibles que consume, y debe importar el resto a precios internacionales. Desde hace más de una década, nuestro país ha mantenido congelado el precio de los hidrocarburos en 3,72 bolivianos por litro de diésel y 3,74 bolivianos por litro de gasolina, impidiendo su comercialización por encima de estos valores.
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