El Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, políticos y organizaciones sociales expresaron su rechazo a los bloqueos y movilizaciones encabezadas por el expresidente Evo Morales; en tanto, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió ayer abandonar las filas que comanda por considerar que la protesta “se sataniza”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la marcha liderada por Morales muestra su cegada y desmedida ambición por volver al poder, además le advirtió que el Gobierno actuará con la “Constitución en la mano” y le aseguró que “su tiempo se acabó”.
Morales, por su parte, anunció que abandona la marcha que realizan sus seguidores desde Caracollo a La Paz para no ser “satanizado” y aclaró que la movilización quedará a cargo del “estado mayor del pueblo”.
El vicepresidente David Choquehuanca subrayó que violar la Constitución Política del Estado es un delito penado por la ley, ante la cual “todos somos iguales”, en alusión al expresidente Morales. “Si violas la Constitución, estás violando el sistema legal y la institucionalidad democrática, lo cual constituye un delito que está penado por la ley. Y, ante la ley, todos somos iguales”, escribió en su cuenta X.
Para los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca y Alberto Astorga, la marcha evista desde Caracollo hacia la ciudad de La Paz no salvará a Bolivia de la crisis económica porque tiene fines políticos y es parte de una “pelea de mafiosos” entre Evo Morales y Luis Arce.
La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia difundió un pronunciamiento de rechazó a los bloqueos y movilizaciones porque dañan la estabilidad económica, y advirtió que los conflictos generarán desestabilización con la “pretensión de quebrantar el orden constitucional”.
Llaman al diálogo
En tanto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidió al Gobierno de Luis Arce convocar a un “diálogo abierto” para tratar todos los puntos del pliego petitorio demandado por la marcha evista.
Precisó que este diálogo debe realizarse sin límites ni condiciones, en un coliseo, donde se defina líneas de trabajo con una agenda abierta que cuente con todos los actores del MAS además de involucrar a transportistas, gremiales y empresarios.
Negó que la intención de la marcha evista sea que él asuma la Presidencia del Estado y aseguró que no forma parte de ningún “plan maquiavélico” que desembocaría en un golpe contra Arce. Expresó su “profunda convicción y compromiso” de respetar el mandato constitucional.
Desde el Pacto de Unidad arcista anunciaron una concentración masiva en El Alto para impedir que la marcha ingrese a la ciudad de La Paz
Suman los puntos de bloqueo
Con al menos 10 puntos de bloqueo, la Federación de Campesinos Túpac Katari exige la renuncia del presidente Luis Arce y ratifica que la medida de presión tiene un carácter indefinido.
La carretera cerrada es la que conecta el lago Titicaca y Copacabana, en La Paz.
La protesta es impulsada por federaciones de la provincia Omasuyos, sede de los Ponchos Rojos, pero además recibe el respaldo de otras centrales de la provincia Los Andes.
Sala Constitucional prohíbe bloqueos a Evo
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conminó ayer a cumplir la resolución constitucional 040/2024 que prohíbe a Evo Morales, organizaciones sociales y actores políticos, entre otros, a realizar bloqueo de caminos ni provocar intransitabilidad de las carreteras del Estado.
“En caso de desobedecer o incumplir la presente determinación, deben activarse todos los mecanismos legales exhortados al Ministerio de Gobierno y sea en coordinación con el Ministerio Público”, señala la determinación de la Sala Constitucional.
También avaló la legalidad del Instructivo del Ministerio de Gobierno 081/2024 a la Policía para realizar “las acciones pertinentes e intervención en los bloqueos anunciados con la finalidad de permitir el ejercicio de derechos de la población, que posiblemente fueron vulnerados; así como la identificación de los responsables de estos hechos, en cumplimiento de la misión constitucional de la Policía boliviana en defensa de la sociedad”.
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