El programa “Bolivia en la Era de los Biocombustibles” se lanzó el 8 de marzo del 2018 y, el 15 de septiembre de ese año, la Ley 1098 que establece el marco normativo para producir, comercializar y mezclar aditivos de origen vegetal —bioetanol y biodiésel— con la mira puesta en “sustituir gradualmente la importación de insumos y aditivos, y diésel oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía”, según la indicada norma.
En un contexto en el que la tasa de crecimiento económico de Bolivia había bajado por cuarto año consecutivo desde 2014, no podía haber sido más providencial tal iniciativa, como tampoco pudo haber una mejor noticia para el norte integrado de Santa Cruz, siendo que el 60% del precio del bioetanol tiene que ver con la caña de azúcar como materia prima, por lo que el principal artífice del cambio pasaría a ser el productor cañero.
Como se plantearon las cosas en aquel entonces, la producción de bioetanol debía implicar que lo hecho en casi 80 años de agricultura comercial de la caña, pudiera más que duplicarse hasta 2025 a partir de la mezcla de etanol con la gasolina al 20%; ese era el gran sueño por materializar…
La sinergia público-privada que se dio ese año, basada en la confianza mutua entre los actores, reanimó la expectativa de crecer mucho más, de la mano de un sector tan dinámico como el agrícola/agroindustrial, cuyo efecto multiplicador está fuera de toda duda.
El optimismo era notable, pues producir alcohol anhidro (bioetanol) para mezclarlo con un combustible fósil como la gasolina resultaría, además, de beneficioso para el medioambiente, lo que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) habían propuesto en 2008 en el libro ==Biocombustibles sostenibles en Bolivia, abogando por su producción bajo la tríada virtuosa de que no solo fuera económicamente viable, sino, ambientalmente sostenible y socialmente responsable.
Sobre la base del compromiso de emprender una cuantiosa inversión por parte del sector privado, tanto para ampliar el área de cultivo de la caña como para aumentar la capacidad de deshidratación y almacenaje en los ingenios, el objetivo era producir, sólo en ese año, 80 millones de litros de bioetanol, sin comprometer, en absoluto, la seguridad alimentaria.
Entre los objetivos contaban: sustituir un 10% del consumo de gasolina, ahorrar centenas de millones de dólares por la menor importación de gasolina y aditivos, crear un mercado interno de etanol, ofrecer al consumidor una gasolina de mayor octanaje, crear 27.000 empleos directos y decenas de miles de indirectos en los próximos años, beneficiar a más de 100.000 personas y bajar la emisión de gases contaminantes por la menor quema de un combustible fósil a sustituir con la producción de una gasolina ecológica boliviana.
Basado en el primer contrato con YPFB para abastecer de etanol, hace cinco años, el sector cañero invirtió en mejorar su productividad comprando urea a YPFB, habilitando tierras de otros cultivos para no desboscar y llevando adelante un programa de producción amigable con el medioambiente; por su parte, el sector sucroalcoholero realizó enormes inversiones para ampliar su capacidad de deshidratación de alcohol y almacenamiento.
Si piensa bien, fueron los actores privados quienes asumieron todo el riesgo de la inversión y la producción de bioetanol y, a pesar de las inclemencias del tiempo —sequía a veces o exceso de agua en otras— gracias a Dios, no fallaron, honraron su palabra, soportándolo todo para cumplirle al Estado.
A cinco años de esta experiencia, es de esperar que la mezcla con etanol aumente, por el bien del país, ya que, a mayor producción de bioetanol, menor importación de gasolina, mayor ahorro de divisas y más movimiento económico, siendo que para producir más habrá que invertir más también, lo que generará más empleo e ingresos para las familias e impuestos para el Estado.
Hay que recordar que la Ley 1098 autoriza la mezcla de gasolina con etanol hasta un 25%.
Los biocombustibles vinieron para quedarse, es verdad, no solo porque el propio Estado invierte para producir biodiésel, sino también, porque YPFB ha reconocido que será necesario producir más bioetanol —mencionando al sorgo como materia prima— confirmando que la primera experiencia con el etanol ha sido exitosa, pasando de ser una expectativa a ser una realidad en pro de la diversificación de la matriz energética, además.
Tomando en cuenta la comprobada experiencia del sector cañero y de los ingenios para invertir, asumir riesgos, producir y cumplir a cabalidad sus compromisos, la más que demostrada eficiencia de la caña de azúcar como materia prima ideal para hacer etanol, que el propio sector sucroalcoholero tiene ya la capacidad de producirlo a partir del sorgo y del maíz también, y que a Bolivia le urge cuidar hoy más que nunca los dólares que tiene, quiera Dios que el nuevo contrato con YPFB refleje la visión público-privada que tanto costó forjar para sustituir importaciones, reconociendo a cada quien su aporte a la soberanía energética precautelando la seguridad alimentaria.
El autor es economista, magíster en comercio internacional y gerente del IBCE
