Por primera vez en cuatro meses, Santa Cruz amaneció el pasado 4 de noviembre sin incendios. El infierno que arrasó al menos siete millones de hectáreas en ese departamento, cerca de 10 en todo el país, este año acabó.
El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) daba así la buena noticia: “Este lunes 4 de noviembre el departamento de Santa Cruz no reporta ni un incendio forestal (…) pide vigilancia a las instituciones del Estado para evitar estos desastres y exige mano dura con los responsables de estos delitos medioambientales”.
Sin embargo, el final de este desastre está lejos: muchas comunidades indígenas lo perdieron todo, casas, cultivos, animales, plantas, fuerzas, esperanzas.
Ahora que las llamas se apagaron es momento de hacer el recuento de los daños, avanzar en las tareas posincendios y prepararse para la próxima temporada de quemas o chaqueos para reducir al máximo su impacto en la naturaleza y la vida de los pobladores.
Todo indica que los incendios de 2024 fueron los más devastadores con 9,8 millones de hectáreas quemadas. En tanto, en 2019 se afectaron 5,2 millones, en 2020 un total de 4,9 millones, en 2021 fueron 4,1 millones, en 2022 y 2023 se perdieron 4,4 millones y 6,2 millones, respectivamente.
La magnitud del desastre obligó a declarar desastre nacional y a movilizar todos los recursos disponibles: cuatro mil bomberos, helicópteros y aviones cisterna. Hasta octubre, el Gobierno había destinado 70 millones de bolivianos a la lucha contra los incendios. A ello se sumó el invaluable aporte de los cientos de voluntarios que arriesgaron hasta su vida para vencer las llamas.
Ahora toca encarar la restauración de las tierras devastadas ejecutando al menos la reforestación, reconstrucción de viviendas, recuperación de la producción, y otras medidas.
Pero el gran desafío es aprender las lecciones que dejan estos desastres y cambiar el fondo del problema: nuestro modo de relacionarnos con la naturaleza, mitigar el impacto del cambio climático y cambiar las llamadas leyes incendiarias que permiten que los chaqueos se conviertan en atentados contra todas las formas de vida.
Hay un sustento legal para esa amenaza permanente, son seis leyes y tres decretos. Si bien se han abrogando las leyes 1171 y 337 aún están vigentes otras como las 740 y 741. También es un avance el prohibir que las tierras quemadas sean objeto de dotación antes de que pasen cinco años.
Y antes de que lleguen nuevamente las urgencias, la tarea prioritaria será trabajar en la prevención y conformar un sistema de alerta temprana y reacción que evite que incendios tan destructivos vuelvan a producirse.
No olvidemos que el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones es un país, un planeta habitable.
