Después de la violenta intervención policial en la embajada de México en Quito para lograr la captura del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, sentenciado y acusado por múltiples hechos de corrupción y a quien, inexplicablemente, le fue concedido un polémico asilo, el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa parecía experimentar su momento más crítico desde que asumió la conducción del país el 23 de noviembre del año pasado.
Cuestionado en el ámbito internacional por violar una institución “sagrada” como el asilo, objeto de una arremetida interna de las fuerzas de oposición encabezadas por el expresidente, prófugo, Rafael Correa, y de una nueva oleada de acciones violentas del crimen organizado en diferentes provincias del Ecuador, el joven mandatario se mantuvo fiel a la línea que, en pocos meses, lo convirtió en uno de los líderes latinoamericanos con mayores niveles de aprobación y respaldo, incluso en los bastiones políticos de un correísmo ya debilitado, pero no del todo vencido.
Noboa tuvo que enfrentar, no es poco, la presión de la influyente diplomacia mexicana, pero sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dedicó la mayor parte de sus intervenciones rutinarias a descalificar a quien, en la órbita del Grupo de Puebla, comenzó a identificarse como un “aprendiz de dictador”, que hizo lo que ni siquiera Augusto Pinochet se atrevió a hacer en tiempos de la dictadura.
Lejos de refugiarse en el silencio o de escuchar avergonzado la condena regional, que se tradujo en una dura resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), la diplomacia ecuatoriana optó por afirmar, en todos los foros, que el asilo no puede utilizarse para otorgar refugio a sentenciados y/o procesados por delitos, un argumento que difícilmente podría cambiar la opinión negativa sobre lo ocurrido en la representación mexicana en Quito, pero que al menos podía servir para poner en evidencia, también, que hay gobiernos, como el actual de México, decididos incluso a poner en riesgo una históricamente bien ganada reputación de país solidario con los verdaderos perseguidos políticos, con tal de defender a sentenciados en firme, pero aliados al fin, como el ecuatoriano Jorge Glass.
López Obrador gestionó hábilmente el respaldo regional, pero dio un paso en falso cuando llegó a pedir que Ecuador fuese expulsado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), extremo que no fue acompañado prácticamente por nadie y que, más bien, logró que la mayoría de los ecuatorianos, incluso los no afines a Noboa, cerraran filas en torno a su gobierno.
Si en algún momento, la reiterada intromisión de AMLO en la política interna del Ecuador —y en la de varios países, incluida Bolivia, Argentina e incluso Chile— tuvo el propósito de conseguir que el presidente Noboa quedara aislado internacionalmente y sin respaldo interno, esa estrategia resultó un fracaso y, probablemente, al revés de lo que habría sido su objetivo, influyó indirecta y favorablemente para que el mandatario ecuatoriano lograra un éxito rotundo en el referendo y consulta popular de 11 preguntas que se celebró el fin de semana pasado.
Los resultados, victoria del Sí en 9 de las 11 preguntas relacionadas con el ámbito de la seguridad y del No en las relativas al contrato de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales, le dan a Daniel Noboa prácticamente carta blanca a para combatir, en un entorno normativo más riguroso, a las mafias del narcotráfico y sus ramificaciones político-judiciales.
Es la segunda victoria política del mandatario después de ganar el balotaje electoral a la candidata del correísmo, Luisa Gonzales, un resultado en el que, además de la convicción de la gente de votar contra la violencia, en algo influyeron también los desproporcionados ataques de López Obrador y la censurable vocación de cipayo de Rafael Correa, dos aliados inesperados en el camino elegido por Noboa para consolidar su liderazgo y fortalecer su posición en los temas que, hoy por hoy, revisten mayor urgencia para los ecuatorianos.
