En 1985, una devastadora crisis económica puso fin a la etapa de estatismo desarrollista inspirada en el Plan Bohan y la Cepal, e inició la etapa del libre mercado, un modelo que disminuyó el control del Estado sobre la economía e impuso una serie de reformas dirigidas a dinamizar la participación del sector privado, fortalecer la diversificación y, sobre todo, exportar. Para Bolivia, fue la época de mayor atracción de inversión extranjera directa, exploración hidrocarburífera, consolidación de mercados internacionales para el gas, desarrollo de la industria soyera y azucarera, modernización de la minería y una gestión seria y consistente para la exploración del litio.

Este proceso fue abruptamente interrumpido y reemplazado en 2006, por el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp), un proyecto basado en el estatismo radical, control total de la economía, rechazo al capital extranjero, concentración en la inversión pública y la demanda interna, e imposición de barreras a las exportaciones.

El Mescp prometía que los excedentes generados por los sectores de hidrocarburos, minería, electricidad y telecomunicaciones, bajo control estatal, se invertirían en desarrollar la industria manufacturera, turismo, vivienda, sector agropecuario y otros. Además, sostenía que era necesario impedir la expansión y el crecimiento autónomo del sector privado, reduciéndolo a un rol secundario y sujeto a constantes limitaciones.

Pasados 18 años de este experimento, el modelo demostró que era eficiente en el gasto, pero no en la generación de riqueza, y hoy, como resultado de su aplicación, el sector hidrocarburos ha colapsado, la minería estatal se ha estancado o es deficitaria, la crisis energética es inminente, la industria manufacturera está a punto de la quiebra, el turismo es incipiente y el sector agropecuario está amenazado por la falta de carburantes, la crisis climática y los conflictos sociales.

Más allá de los vacíos y contradicciones del modelo, es evidente que impedir el desarrollo de las exportaciones y precarizar al sector privado fueron dos de sus más graves errores, lo que se evidencia en el hecho de que la caída de las ventas de gas (su único sustento) produjo su debacle y, por ende, la crisis múltiple que soportamos actualmente.

Mientras Bolivia optaba por una economía endogámica, los países de la región diversificaban y masificaban su producción y mejoraban el entorno de negocios para incrementar sus volúmenes de exportación. Hoy en día y cada año, Perú exporta por un valor de 73 mil millones de dólares, Paraguay 18 mil, Uruguay 21 mil, Chile 104 mil y Ecuador 35 mil, mientras que Bolivia no alcanza los 12 mil y continúa cayendo.

Las limitaciones de las exportaciones bolivianas no tienen que ver con los productos, los actores económicos o los mercados. Hace una semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó el Catálogo de la Oferta Exportable, que incluye 48 productos agrícolas certificados, al margen de los productos tradicionales, como soya, carne, girasol o quinua, los llamados superalimentos, las manufacturas, forestales, artesanales, etc.

En relación con las empresas, Bolivia registró este año 4.613 operadores de comercio exterior dedicados a la exportación, mientras que Perú alcanzó a 9.331 en la gestión 2023, Paraguay 5.221, Colombia 9.228, Argentina 8.798 y Chile 6.680. Los países del Mercosur, la CAN e incluso los BRICS, con quienes tenemos acuerdos, son oportunidades enormes que absorberían los productos y los volúmenes que ofertáramos.

Los problemas que dificultan las exportaciones nacen del modelo que bloqueó la inversión privada, impidió la diversificación y dificultó la producción a gran escala. Junto a esto, tenemos limitaciones como una infraestructura deficiente, engorrosos trámites aduaneros, elevadas barreras arancelarias, impositivas y laborales, y conflictividad social, que dificultan enormemente la actividad del sector.

La eliminación parcial de los cupos, la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la autorización de eventos transgénicos y la normalización de la devolución de los Cedeim (Certificado de Devolución Impositiva),son medidas recientes que intentan remediar el daño causado y revertir los efectos nocivos del Mescp sobre el aparato exportador, sin embargo, resultan insuficientes para reactivarlo en el corto plazo.

Frente a la crisis múltiple que enfrenta el país, la liberación plena y la promoción intensiva de las exportaciones es una solución ineludible y urgente. El modelo económico que se adopte en el futuro debe garantizar la vigencia de un sector exportador independiente y robusto, libre de restricciones, capaz de aumentar el ingreso de divisas, atraer inversiones, incentivar la modernización de procesos y apoyar una verdadera industrialización.

Sin embargo, para llegar a este objetivo, es imprescindible eliminar las barreras que fueron diseñadas para impedir el desarrollo del sector privado, sin el cual ningún desarrollo será sostenible, justo y eficiente.