La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela ha publicado ayer un nuevo informe que documenta con gran detalle un aumento profundamente preocupante de las violaciones de los derechos humanos y crímenes contra las víctimas que han sido blanco de la represión sin precedentes en ese país.
La investigación, que amplía el informe de la Misión de Determinación de los Hechos presentado el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta múltiples y crecientes violaciones y crímenes cometidos por el gobierno venezolano, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados progubernamentales antes, durante y después de las controvertidas elecciones presidenciales de julio.
Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, que se llevan a cabo como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad.
La Misión ha informado que las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se autoincriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo. La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas. Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, quienes enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional.
El informe de la Misión confirma la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este período fueron cometidas siguiendo la misma línea de conducta previamente calificada por la Misión como crímenes de lesa humanidad. Además, dichas violaciones, cometidas con una intención discriminatoria, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas.
Según la Misión, 25 personas fueron asesinadas por arma de fuego en los recientes hechos de violencia. Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión.
El informe incluye casos ilustrativos que ejemplifican sus hallazgos y coloca el testimonio de las víctimas en el centro de sus conclusiones.
Rechazan el segundo recurso contra la reelección de Maduro
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó ayer el segundo recurso contra la convalidación que diera la Corte a la reelección de Nicolás Maduro como presidente en los comicios del 28 de julio, un resultado que ha sido señalado de fraudulento por la oposición mayoritaria y que no es reconocido por numerosos países.
En su página web, la Sala Constitucional del TSJ indicó que la solicitud de revisión de la convalidación del resultado de los comicios —dictada por la Sala Electoral— es inadmisible y se considera “cosa juzgada”, pues el viernes pasado la Corte rechazó un recurso similar.
Esta segunda solicitud, introducida por el excandidato presidencial Antonio Ecarri, llegó al TSJ después de que el también excandidato Enrique Márquez pidiese a la Sala Constitucional revisar la decisión de los magistrados, casi todos afines al chavismo, de convalidar la controvertida reelección de Maduro.
La Misión reitera su llamamiento al Estado para que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y respete la integridad física y psicológica de las personas detenidas y su derecho al debido proceso.
La comunidad internacional y las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas deben prestar especial atención a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en estas circunstancias.
La Misión expresa su agradecimiento por el continuo apoyo de la comunidad internacional, incluida la reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de prorrogar el mandato de la Misión por otros dos años.
