El Tribunal Constitucional (TCP) activó durante la gestión 2023, a pedido del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), al menos cinco fallos y medidas para trabar las funciones de la Asamblea Legislativa (ALP).
Según analistas y políticos, estas acciones ponen en riesgo la institucionalidad y la seguridad jurídica del país. Sin embargo, del otro lado aseguran que las consultas al TCP son necesarias para evitar aprobar leyes que vulneren otras normas, como está sucediendo con algunos proyectos.
Para los críticos del TCP, el propósito del Gobierno responde al interés de perpetuarse en el poder y crear una crisis de gobernabilidad en la ALP.
Fiscalización
Sobre el tema, el diputado del MAS “arcista” José Luis Flores justificó las consultas al TCP tanto acerca de las interpelaciones como de las elecciones judiciales.
Mencionó la necesidad de regular el proceso de fiscalización de las autoridades y no acudir directamente a las interpelaciones.
Ratificó, además, la necesidad de revisar las propuestas de reglamentación de los candidatos a magistrados, porque había serias e “inadmisibles” vulneraciones constitucionales que debían ser subsanadas.
Flores admitió la dificultad del trabajo en la ALP, pero lo atribuyó a la falta de 2/3. “En tres años de gestión, no se logró acuerdo en nada y dudo que cambie el panorama en los próximos dos años”, aseguró.
Interpelaciones
Una de las medidas en contra de las atribuciones fiscalizadoras de la ALP fue la sentencia constitucional del 25 de agosto de 2023, que suspendió las interpelaciones a los ministros, como una medida cautelar.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, interpuso el recurso para que se suspendan las interpelaciones programadas en la ALP hasta que el TCP se pronuncie. Otros siete ministros se sumaron como terceros interesados.
El político y exlegislador Carlos Borth señaló que las altas autoridades judiciales y magistrados del TCP se prestaron a los intereses del Ejecutivo. “Esta medida frenó las competencias legisladoras y fiscalizadoras de los diputados y senadores”, sostuvo.
A juicio de Borth, el Ejecutivo manipula sistemáticamente a la justicia constitucional “con artificios y chicanas para recortarle al Legislativo su atribución fiscalizadora”.
El presidente de la bancada opositora de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, admitió que sus facultades de interpelación fueron cercenadas por el Ejecutivo a través del TCP.
Para Urquidi, se pretende doblegar al Legislativo “con mecanismos oscuros”, porque el Ejecutivo perdió la gobernabilidad en la ALP.
La anulación de las elecciones judiciales fue otra medida “digitada” desde el TCP para quitarle a la ALP su competencia para la selección de candidatos para ocupar altos cargos en el Órgano Judicial y en el TCP. Como resultado, el mandato de los magistrados fue prorrogado.
Para Borth, las resoluciones del TCP fueron sistemáticas para anular las elecciones judiciales. “Sacaron fallos judiciales, jurisdiccionales, constitucionales y le recortaron esa competencia al Legislativo, digitando la justicia constitucional y el precio fue la autoprórroga de los magistrados”, fustigó
Trabas para legislar
Urquidi añadió que les quitaron la atribución de legislar, porque ahora los proyectos elaborados por iniciativa deben pasar por el visto bueno del Ejecutivo y por la revisión del TCP.
Denunció que hay un abuso en las consultas de constitucionalidad. “La mayoría masista abusa de la consulta de manera dilatoria”, lamentó.
Competencias del Senado
En diciembre pasado, el TCP suspendió las competencias del presidente de la Cámara de Senadores, de Andrónico Rodríguez, y de toda su directiva.
El TCP advirtió que cualquier determinación que asuma esa directiva sería “nula de pleno derecho, todo acto o disposición que se realice o emita”.
Urquidi explicó que el TCP es un suprapoder encargado de romper y “desportillar” la institucionalidad de la ALP. “Es la guillotina que frena al Legislativo”, dijo.
Borth habló de manipulaciones internas que obstaculizan el funcionamiento de la ALP.
Consecuencias
Para Borth, la principal causa de la crisis institucional que se vive en esta coyuntura es la pelea interna del MAS por el poder.
Precisó que el conflicto pasó del ámbito interno del partido al sistema político y “está destrozando todo”.
Una de las consecuencias serias para el país es que se está destruyendo la débil institucionalidad del país.
Al impedir las elecciones judiciales debilitaron el Estado de derecho, porque se generó un vacío judicial que no se llena por la autoprórroga. “Dejaron de ser magistrados el 31 de diciembre (de 2023) y lo que sea que fallen no tiene valor”, aseguró Borth.
Además, se generan las condiciones propicias para la corrupción.
4 ministros
La Asamblea Legislativa Plurinacional suspendió la interpelación de cuatro ministros por una medida cautelar del TPC.
OPINIONES
¨Las medidas asumidas por el Gobierno del MAS, a través de los magistrados, responde a la hegemonía de poder que busca el partido gobernante.¨
Eusebio Vera Analista
¨Después de muchos años, el Movimiento Al Socialismo no cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa y además se encuentran divididos.¨
Franklin Pareja Politólogo
