Después del triunfo acaso lógico, quizás esperado o tal vez natural, pero también sorprendente del MAS de Evo Morales en 2006, incluido un récord significativo de votación (53,72%) que algunos atribuyeron al embajador de EEUU de aquel entonces, de quien Evo decía que era su mejor “jefe de campaña”, el país ingreso en otra etapa de su historia.

Sí, así como lo ve el asombrado lector en el título de esta columna: ese es el verdadero trasfondo del proyecto de Ley 240, pomposamente titulado “Por los Bosques y otros Sistemas de Vida”, en el estilo grandilocuente al que ya nos tiene acostumbrados la legislación masista, que suele encubrir bajo estos nombres los auténticos propósitos de sus normativas estatistas.

Con el pretexto de la protección ambiental, el mencionado proyecto busca penalizar con multas astronómicas a los propietarios privados de tierras que hubieran sido afectadas por los incendios, sin reparar en que muchos de ellos serían víctimas del fuego propiciado por terceros (avasalladores o invasores) y que estos productores ya están teniendo que enfrentar los costos por la destrucción de su infraestructura agropecuaria, cultivos y viviendas.

Lo más probable es que paguen justos por pecadores, al no incluirse un método técnico fiable para establecer el origen de los incendios, y si en muchos o la mayoría de los casos se trató en realidad de quemas provocadas por las guerrillas toma-tierras devenidas en “milicias del fuego”, estaríamos ahora ante una narrativa oficial que busca reorientar la culpabilidad hacia un sector al que se intenta presionar, precarizar y eventualmente confiscar, como es el de los pequeños, medianos y grandes productores.

Al mismo tiempo, el proyecto deja en el vacío o sin defensa a los territorios donde se produjeron la mayor parte de las quemas, las tierras fiscales (al menos 6 de los 10 millones de hectáreas afectadas por los incendios). Siguiendo la lógica de las multas a los privados, ¿no deberían pagar con sus patrimonios personales los altos funcionarios públicos que no pudieron proteger los bosques en tierras fiscales? ¿Y dónde queda la posibilidad de crear guardias forestales departamentales, dependientes de las gobernaciones autónomas?

En opinión de unos de los principales constitucionalistas de Bolivia, Jorge Asbún, ese proyecto apunta a una ley no integral: “es una legislación que toca sólo una parte y se olvida de que hay todo un sistema de población, producción y medio ambiente, donde debería buscarse un equilibrio”.

El jurista también cuestiona el destino de lo que se recaude a través de las multas, que no se utilizará para reparar el daño en las tierras quemadas, sino que iría “en un 50% a la autoridad de fiscalización y control social, y en el otro 50% al Fondo Plurinacional de la Madre Tierra”. Es decir, que los cobros servirían para generar nuevos cargos en un año electoral, la mitad en la burocracia pública y la otra mitad en espacios de algunas ONG (esto último tal vez explique la colaboración en el proyecto de una fracción de la oposición, autopercibida como “progresista”).

En suma, estaríamos ante una ley recaudadora en tiempos de campaña, que en muchos casos penalizará y prácticamente confiscará a las víctimas de los incendios, dejando impunes a los verdaderos impulsores de la “Guerra del Fuego”.